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Desde la última vez que se trató este asunto, allá por el mes de septiembre, se han producido muchos cambios propios del mundo digital en el que se encuentran las criptomonedas, resultando muy interesante realizar un análisis del impacto fiscal que podrían derivarse de estas operaciones.

De una parte, tal y como se trató en nuestro blog anteriormente, las criptomonedas has dado un salto cuantitativo y cualitativo, puesto que han dejado de ser mayoritariamente un elemento de inversión (especulativo) para pasar a convertirse en un medio de pago alternativo a los regulados por entidades financieras.

A modo de introducción se debe indicar que el número de criptomonedas o criptodivisas se ha incrementado, y a pesar de que la más renombrada es BITCOIN, es cierto que existen otras en el mercado que atendiendo al volumen de capitalización serían: ETHEREUM, BITCOIN CASH, RIPPLE, LITECOIN o DASH. Es más, ha habido ciertos Estados como Venezuela que ha acuñado/emitido su propia criptodivisa, el PETRO.

En este sentido, atendiendo a la relevancia que están adquiriendo (a 20 de diciembre el valor de las principales criptodivisas ascendía a unos 480.000 millones de dólares), se pretenden analizar las implicaciones que se derivarían en la esfera de los tributos, en un escenario en el que este tipo de divisas virtuales se convirtiesen en instrumentos de pago habituales del tráfico comercial.

Inicialmente, y aunque resulte una obviedad se debe partir de un hecho por todos conocido, desde el 1 de enero de 2002, la moneda oficial con curso legal en España es el Euro. Sin embargo, esta circunstancia no impide que dentro del territorio español puedan realizarse transacciones en otras divisas, la emisión de las facturas en otra moneda e incluso que la llevanza de la contabilidad (a nivel interno) pueda llevarse en divisa distinta al Euro, con ciertas particularidades que después comentaremos.

Desde el punto de vista de la fiscalidad, existen dos menciones a esta circunstancia, así tanto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) como en el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo), se establece lo siguiente:

Artículo 79 LIVA

Once. En las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda o divisa distintas de las españolas, se aplicará el tipo de cambio vendedor, fijado por el Banco de España, que esté vigente en el momento del devengo

Articulo 40 RITP

  1. Si el valor de los bienes o derechos viniere fijado en moneda o divisa distintas de las españolas, se tomará como valor declarado el que resulte de aplicar el tipo de cambio vendedor, fijado por el Banco de España, que esté vigente en el momento del devengo, salvo que el efectivamente satisfecho fuese superior en cuyo caso se tomará éste último.
  2. Si el valor apareciere fijado indistintamente en moneda nacional o en moneda o divisa extranjera, se tomará el mayor valor resultante entre uno y otro, aplicación hecha de la regla a que se refiere el apartado anterior.
  3. Si el valor viniere establecido en moneda o divisa extranjera, cuyo tipo de cambio vendedor no estuviese fijado por el Banco de España, se estará a su valor de mercado”

De esta forma, tras la lectura conjunta de ambos preceptos, se pueden extraer varias conclusiones:

  • Nada impide que las operaciones ser realicen en moneda diferente al Euro, siempre que se valore la operación en euros conforme al tipo de cambio oficial del Banco de España en la fecha del devengo.
  • La norma aprobada por el RITP es más extensa y prevé una mayor casuística de posibles situaciones:

a. Con carácter general, se atiende al tipo de cambio fijado por el Banco de España, salvo que el efectivamente satisfecho sea superior. Esto quiere decir, que si la conversión de la divisa a Euros se realiza en una fecha distinta, y se obtiene un valor superior, ése será el valor de la contraprestación (base imponible).

b. Si en la factura o documento de pago aparecieran ambos valores, se deberá tomar el mayor valor de ambos, tras aplicar la regla anterior. En resumen, la conversión realizada no resulta vinculante para la Administración.

c. Y como norma de cierre, si el tipo de cambio de la divisa no viniese determinado por el Banco de España, se deberá tomar su valor de mercado.

Tras esta lectura, nos asaltan inmensidad de dudas si aplicamos estas reglas a las criptomonedas y la primera de ellas es: ¿son aplicables estas reglas a las divisas virtuales? Esta claro que no existe un tipo de cambio oficial determinado por el Banco de España ni ningún otro organismo, porque es una de las actuales características de este tipo de monedas, no están sujetas a ningún regulador. Si bien, en su favor se debe decir que a priori atendiendo al funcionamiento del blockchain no son fácilmente manipulables.

Así, parece que la regla de valoración para convertir cualquier criptomoneda a euros sería la norma de cierre del RITP: su valor de mercado.

El siguiente bloque de dudas que nos puede asaltar, una vez más o menos determinado el de la valoración es: ¿qué incidencia tiene en la tributación el uso de criptomonedas como medio de pago? Pues ninguno, es decir, las obligaciones de las partes deben seguir siendo las mismas. De esta forma, si un empresario o profesional vende sus productos o servicios y acepta como medio de pago una criptomoneda, deberá seguir emitiendo la correspondiente factura, repercutiendo e ingresando el IVA a Hacienda, con el inconveniente de que ese ingreso deberá hacerlo en moneda de curso legal: euros.

De la misma forma, si son dos particulares los que realizan, por ejemplo, una compraventa de un inmueble y el pago se articula por medio de criptodivisa (como ya ha ocurrido), la parte compradora deberá ingresar la cuota correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la Hacienda de la Comunidad Autónoma competente y, por su parte, el vendedor deberá calcular la ganancia/pérdida patrimonial que se haya producido y liquidar e ingresar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

En conclusión, parece que la utilización de este tipo de divisas no tiene actualmente ninguna incidencia en la tributación, más allá de la configuración de las reglas para determinar el valor de la operación en euros. Si bien, es cierto que se abre un abanico de posibilidades hacia el futuro si este tipo de monedas extienden su uso en el gran público:

  • ¿Serán admitidas como moneda de curso legal por las Administraciones públicas?
  • ¿Podrán llevarse la contabilidad en esta divisa?
  • ¿Llegarán a sustituir al dólar como moneda de referencia a nivel internacional?
  • ¿Pasarán a ser sometidas al control de algún Organismo Regulador? ¿Conllevaría a su desaparición?

Desde GD Legal, seguiremos atentos a la evolución de este asunto para ofreceros un análisis de sus implicaciones.

Asimismo, recuerda que el próximo día 15 realizaremos un Webinar gratuito sobre este tema. Puedes apuntarte, aquí.

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