Alquiler: novedades para los arrendadores personas jurídicas

¿Cuáles son las principales modificaciones?

Se modifican, entre otras, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Veamos cuáles son los cambios introducidos para el caso de arrendadores personas jurídicas.

Plazo mínimo

La fijación de un plazo único para los arrendamientos de uso de vivienda desaparece y se establece diferente duración mínima obligatoria para los contratos en función de la naturaleza del arrendador: 5 años si es una persona física, elevándose a 7 años si es una sociedad.

Esta diferente regulación de la duración mínima del contrato según la condición del arrendador, afecta igualmente a buena parte del articulado, entre otros, a la prórroga del contrato prevista en el artículo 10 LAU, a la resolución del artículo 13 LAU, a la enajenación de la vivienda arrendada del artículo 14 LAU, al derecho de subrogación del arrendatario del artículo 16, a la elevación de la renta por mejoras del artículo 19 LAU, al incremento de los gastos generales para el sostenimiento del inmueble del artículo 20 LAU o a la fianza y a las garantías adicionales del artículo 36 LAU.

Gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato

Estos gastos deberán ser abonados por el arrendador si se trata de una persona jurídica. Y son, entre otros, los de la inmobiliaria contratada por el arrendador, los de la posible escritura de elevación a público del contrato y acceso al Registro de la Propiedad o, incluso, los de la asesoría u honorarios de abogados por la redacción del contrato.

Paralización del desahucio si es un hogar vulnerable

El plazo de suspensión de un procedimiento judicial de desahucio de la vivienda habitual será superior si el demandante es una persona jurídica. Establece el nuevo artículo 441.5. LEC que, en caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente y supondrá la paralización automática del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales y durante un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si el demandante es una persona jurídica.

En conclusión, esta nueva regulación busca proteger, con medidas limitadas, a los inquilinos frente a sus arrendadores personas jurídicas por entender que su forma legal supone una posición de fuerza mayor.

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