Compliance y Covid. La realidad tras la pandemia

En un entorno de recesión económica sin precedentes como el que estamos viviendo, en el que millones de personas han perdido sus puestos de trabajo, es necesario hablar de las consecuencias, que también a nivel de fraude, corrupción y conductas poco éticas nos está dejando esta crisis y que, previsiblemente, dejará en nuestra sociedad durante los próximos años.

Compliance y Covid

No hay duda de que el impacto del coronavirus en la economía española está siendo enorme.  Según los datos de la Eurostat, España registra las peores cifras en cuanto a PIB y empleo, siendo la economía con peor evolución de toda la zona euro. En este sentido, nuestro país representa la mayor caída del PIB de la eurozona en el segundo trimestre, con una contracción del 18,5%, y una tasa de desempleo del 15,33% según el INE.

El impacto negativo de esta crisis provocada por la Covid-19 puede verse agravado si, el dinero público destinado a mitigar los efectos de esta debacle económica, acaba en manos de aquellas empresas que hagan un mal uso de este dinero o lo utilicen con una finalidad distinta a la establecida, para, de esta forma, pagar menos.

La Administración deberá emplear mayores esfuerzos y estar más vigilante en este sentido, con el objetivo de evitar el fraude fiscal, puesto que cada euro defraudado supone un paso atrás en la lucha por revertir los efectos de esta crisis.

El rol de las empresas y la reactivación económica

La actual situación requiere respuestas rápidas, y en este escenario de crisis, la cultura ética y de integridad de las organizaciones se puede ver comprometida, puesto que los riesgos de que se cometan fraudes y comportamientos poco éticos aumentan cuando dichas organizaciones y e individuos se encuentran sometidos a presiones financieras, alejándose así de este marco ético.

No podemos dejar de mencionar el uso fraudulento que algunas empresas hacen del dinero público destinado a los ERTEs, que no sólo constituye una sanción administrativa grave, sino que puede, además, conllevar responsabilidades penales, con una pena prevista en nuestro Código Penal de hasta seis años de prisión.  

Y es que, aunque la gran mayoría de los negocios actúan de forma honesta, haciendo un buen uso de los bienes públicos, lamentablemente no siempre es así. Por ello, una de las medidas que ha tomado el Ministerio de Trabajo para abordar esta problemática ha sido intensificar la detección de fraude en ERTEs con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos, con el objetivo de evitar incumplimientos o prácticas irregulares, como es la reanudación de la actividad sin comunicación previa al SEPE.

En este sentido, el papel que la función de Compliance está jugando desde el inicio de esta pandemia es fundamental, tanto es así que los riesgos a los que se enfrentan las empresas a nivel reputacional y económico dependen de cómo  se están articulando los mecanismos necesarios para afrontar los cambios a los que nos estamos viendo sometidos, ayudando a identificar cuáles son los puntos críticos en los que debemos poner el foco, para, de esta forma, minimizar o mitigar los riesgos generados por las nuevas circunstancias que nos afectan.

No podemos caer en la improvisación. Necesitamos unas bases sólidas para poder paliar los efectos que nos está dejando esta situación de emergencia sanitaria, y es fundamental que nuestros clientes tengan la percepción de que somos capaces de gestionar una crisis.

¿Cómo estamos afrontando la nueva normalidad?

Es importante tener un sistema de Compliance robusto y actualizado, adaptado a las necesidades que la situación actual demanda, en el que habrá que llevar a cabo una reevaluación de los riesgos, y en el que la aplicación de nuevos controles será clave para su efectiva puesta en práctica, siendo la pieza angular para enfrentar estas situaciones fraudulentas y anti éticas que, evidentemente, han aumentado ostensiblemente desde el mes de marzo.

  1. Nuevos protocolos de comunicación de higiene, el reporte de empleados o subcontratistas con síntomas o vulnerables, y en general, la importancia de establecer los mecanismos necesarios para que exista fluidez de comunicación entre todos los stakeholders.
  2. En términos de liderazgo, habrá que garantizar que existen equipos de emergencias preparados, profesionales responsables dentro de las organizaciones, que puedan asumir la toma de decisiones ante este tipo de situaciones excepcionales, para que los cambios puedan ser debidamente articulados.
  3. Ajuste de presupuesto y planes de ejecución para garantizar la seguridad de los fondos.
  4. Análisis exhaustivo de los contratos debido a la proliferación de normativa que se publica durante este tiempo, en el que el margen interpretativo puede llegar a ser amplio, lo cual puede conducir a incumplimientos.
  5. Especial atención al tratamiento de los datos personales debido al  incremento  exponencial de la delincuencia cibernética, ,teniendo en cuenta el entorno de teletrabajo generalizado en el que nos encontramos. Para mitigar los riesgos recomendamos:
  • evitar hacer copias innecesarias de datos sensibles;
  • vigilar los correos que procedan de remitentes desconocidos, y;
  • tener una configuración de contraseñas seguras.

6. Establecer medidas organizativas de cara a la vuelta a los centros de trabajo, llevándolo a cabo de manera escalonada, minimizando viajes, evitando los flujos de         tránsito o restringiendo visitas, entre otras.

El protocolo de gestión de crisis es el tratamiento que llevamos a cabo para mitigar los riesgos de Compliance de manera contingente. Es evidente que las empresas necesitan planes de contingencia para poder combatir este tipo de situaciones de emergencia.

La actual coyuntura hace necesaria la aplicación por parte de las organizaciones de los más altos estándares éticos, responsabilidad social corporativa y buen gobierno empresarial.

Desde que se decretase el estado de alarma, hemos asistido a un cambio a nivel social, económico y jurídico que está poniendo a prueba nuestro compromiso como sociedad con respecto al cumplimiento de la legalidad vigente.

Y, es fundamental, para poder acreditar la diligencia debida, la trazabilidad. Esto es, dejar evidencia documental de todas las acciones llevadas a cabo, de manera que respalde y de sentido a todas las decisiones tomadas durante este periodo.

En definitiva, debemos evitar que todo lo aprendido durante este periodo caiga en el olvido, y tratar en cambio, de que todas las medidas implementadas durante esta etapa sirvan para que tengamos organizaciones más preparadas, que puedan hacer frente a circunstancias excepcionales como la que estamos viviendo, y con esto no cabe duda, nuestra reputación e imagen corporativa se verán reforzadas ante posibles crisis futuras.

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