Directiva Whistleblowing: protección contra las represalias

18 de diciembre de 2021. Esa es la fecha marcada para que los Estados miembros de la Unión Europea adopten medidas para garantizar una protección eficaz de los trabajadores ante posibles represalias por denunciar infracciones de derechos de la Unión. Entre otras medidas, destaca la obligación de las empresas de 50 o más trabajadores de disponer de un canal interno de denuncias que garantice la confidencialidad de la identidad del trabajador denunciante.

El objeto de la Directiva Whistleblowing es establecer normas mínimas comunes que proporcionen protección a aquellos trabajadores que denuncien infracciones del derecho de la UE de las que hayan tenido conocimiento en un contexto laboral.

Esta Directiva también protege:

  • A aquellos trabajadores cuya relación laboral haya finalizado.
  • A quienes hayan obtenido la información sobre las infracciones durante un proceso de selección o de negociación previa al contrato.
  • A los accionistas y miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa.

Establecimiento de un canal de denuncias interno

Para llegar a este fin protector, los Estados miembros deberán promover el establecimiento de canales y procedimientos de denuncia preferentemente internos (por una persona o departamento designado), aunque también cabe la posibilidad de que sean externos a través de un tercero. Con esta base a cumplir, habrá que tener en cuenta el número de trabajadores del que dispone la empresa:

  • Se establece la obligación de que las empresas tanto públicas como privadas de 50 trabajadores o más establezcan el canal interno de denuncias.
  • Sin embargo, existe la posibilidad de que los Estados miembros puedan extender la obligación de implantar estos canales de denuncia internos a empresas de menos de 50 trabajadores cuando lo consideren necesario tras un análisis del riesgo. 
  • A las empresas con menos de 250 trabajadores se les permite compartir recursos para la recepción de denuncias.

Las empresas tendrán que llevar un registro de todas las denuncias recibidas y conservarlas durante el periodo que se considere necesario.

La protección eficaz de los trabajadores

Los Estados miembros deberán garantizar una protección eficaz de los denunciantes frente a cualquier forma de represalia por parte de la empresa, entre las que destacan. Entre otras muchas:

  • Suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
  • Degradación o denegación de ascensos.
  • Cambio de puesto de trabajo, lugar de trabajo, reducción salarial o cambio en el horario laboral.
  • Denegación de formación.
  • Medidas disciplinarias.
  • Coacción, intimidación o acoso.
  • No renovación o finalización anticipada de un contrato laboral.

Objetivo: 18 de diciembre de 2021

En caso de que el denunciante sea objeto de algunos de estos perjuicios (y de otros muchos que establece la mencionada Directiva), corresponde a la persona que haya ejecutado la medida perjudicial demostrar que se adoptó por motivos debidamente justificados. Por otra parte, aquellas personas que hayan denunciado no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad en relación con la denuncia.

En base a lo que acontece, es importante destacar la fecha en la que los Estados miembros deberán trasponer la Directiva a sus ordenamientos internos: antes del 18 de diciembre de 2021. Sin embargo, esta obligación de disponer de un canal interno de denuncias se podrá posponer hasta el 17 de diciembre de 2023 en el caso de empresas con menos de 250 empleados.

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