Alto directivo miembro de administración sociedad

Algunas sociedades están regularizando y revisando su estructura, en lo que se refiere a cargos y puestos con funciones de administración y ejecutivas, para adecuarla a la legislación vigente.

La falta de cumplimiento puede traer consecuencias en la operativa propia de las empresas y del ámbito laboral (pérdidas del derecho a desempleo, encuadramientos erróneos en los regímenes de la Seguridad Social, cláusulas de blindaje nulas o inaplicables), del ámbito fiscal (incorrectas o indebidas deducciones de las retribuciones percibidas por determinados cargos del impuesto de sociedades) o incluso en lo que respecta a la responsabilidad civil y penal de los administradores.

A veces, en una misma persona pueden recaer funciones ejecutivas propias de la alta dirección y propias de las labores de los miembros del órgano de administración, en su condición de tales. Pero, hasta el momento, la jurisprudencia entiende que la relación mercantil (administrador) absorbe a la relación laboral especial (alta dirección), puesto que no se puede desempeñar una misma función en virtud de dos títulos jurídicos diferentes.

Asimismo, hay que añadir que la figura del administrador de hecho puede conllevar que los verdaderos órganos de administración no sean los nombrados por las sociedades según la normativa mercantil, sino que se atribuya dicha condición a los directores generales de la sociedad o a meros testaferros que son los que dirigen y ejecutan las decisiones estratégicas de la sociedad.

En este sentido, la Ley de Sociedades de Capital indica que, respecto a los miembros integrantes de los órganos de administración, es requisito indispensable que si su cargo es remunerado por las funciones propias de administración (gestión, deliberación y decisión principalmente) quede expresamente reflejado en los Estatutos de la sociedad.

En caso contrario, el cargo se entenderá como gratuito. Y, en consecuencia, cualquier retribución que reciba por su pertenencia al órgano de administración será considerada como una liberalidad y no podrá ser considerada como gasto contable deducible en el Impuesto de Sociedades.

 

Consejeros delegados o altos directivos con funciones ejecutivas

La Ley de Sociedades de Capital, con independencia del vínculo que le une a la sociedad, requiere que, en caso de recibir retribuciones por dichas funciones ejecutivas, se cumplan determinadas formalidades.

En estos casos, no es necesaria la previsión estatutaria del carácter remunerado de los cargos, aunque se recomienda que dicha previsión sea incluida en los Estatutos para tener un mayor control de los socios y accionistas.

No obstante, se requiere la formalización del correspondiente contrato por escrito donde se especifiquen los conceptos y el sistema de retribución. Así, cualquier retribución percibida que no conste en el contrato se considerará ilícita y deberá ser devuelta a la sociedad. Para ello, también será necesario que el órgano de administración apruebe por mayoría de 2/3 de sus miembros el borrador de contrato a suscribir entre dicho cargo y la sociedad.

En este sentido, nuestra recomendación es que se identifiquen y analicen internamente los puestos de trabajos de directivos, a los efectos de encuadrarlos en el régimen o vinculación jurídica correcta con la sociedad. Y, en consecuencia, se determine si la sociedad cumple con los requisitos legales y obligaciones que ello implica.

También aconsejamos que, en materia de toma de decisiones y ejecución de las mismas, se instauren procedimientos de control internos para evitar, en la medida de lo posible, supuestos de responsabilidad.

Para más información, puedes contactar con el área mercantil de GD Legal.

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