Efectos jurídicos de la derogación del decreto del alquiler

Con motivo de nuestro anterior artículo ‘Reforma de la Ley de Arrendamientos’, y teniendo en cuenta la reciente noticia sobre la falta de convalidación por parte del Congreso del Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, publicado en el BOE el pasado 18 de diciembre, es necesario aclarar algunas cuestiones al respecto.

Derogación contrato de alquiler


La corta vigencia (apenas 35 días) de la reforma de la LAU realizada por el anterior Real Decreto tiene dos implicaciones:

1. Únicamente aquellos contratos de arrendamiento celebrados entre el 18 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019 podrán regularse por las modificaciones introducidas a lo largo de su duración (siempre que no haya modificaciones del mismo que puedan llevar a considerar la aplicación del anterior texto) y, en consecuencia, beneficiarse (especialmente en el caso de los arrendatarios o inquilinos) de las ventajas que ofrecía dicha regulación:

  • Ampliación del plazo de duración mínimo del contrato y de sus prórrogas
     
  • Limitación de las garantías adicionales a prestarse por el arrendatario
     
  • Eliminación del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a pagarse por el inquilino

2. En los contatos celebrados entre el 18 de diciembre y 22 de enero, aunque en el análisis de cualquier cuestión en relación con los contratos celebrados durante la vigencia del RDL habrá que estar a lo pactado en el contrato, con carácter general dichos contratos se rigen por las disposiciones del RDL.

De este modo, todos los contratos que se firmen en adelante, volverán a regirse por la regulación anterior


No obstante, aquellos contratos que han sido suscritos dentro de dicho periodo podrían ser objeto de modificación en lo que se refiere al régimen legal que les regule y, en consecuencia, reconducidos para que les sea de aplicación la legislación vigente en la actualidad y previamente a la mencionada corta reforma.


Tanto arrendadores como arrendatarios, en función de sus intereses, deben estar atentos a determinadas actualizaciones, novaciones o modificaciones de los contratos de arrendamiento firmados durante dicho periodo para evitar sorpresas y conocer, en concreto, sus derechos y obligaciones, que también pueden estar relacionadas con aspectos fiscales (principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). 


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