El TC tumba la plusvalía si el impuesto supera el beneficio

Antecedentes: sentencia de inconstitucionalidad del ART 107.1

A modo introductorio, cabe recordar en relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la sentencia del TC en el año 2017 en la que declaró que el gravamen aplicado es inconstitucional si se producen pérdidas para el vendedor en la operación de compraventa. En aquella sentencia de inconstitucionalidad el artículo afectado era el 107.1 y 107.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ahora, nos encontramos ante una nueva cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 107.4 en la que se expone que los tribunales cancelen el pago del impuesto de plusvalía en el caso de que la cuota a pagar del tributo sea mayor que el beneficio obtenido por la transmisión del inmueble. Finalmente, el TC a raíz de un supuesto ha declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía en los casos en los que se vulneran los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Pasamos a analizar el supuesto concreto.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid planteó una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la posible vulneración de los artículos 107 y 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos.

Se plantea la situación en la que la cuota a pagar por plusvalía es superior al incremento real experimentado con la venta del terreno. Por ello, el contribuyente ve como este incremento le es "expropiado" de facto, lo que podría tener carácter confiscatorio por vulnerar el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Posible vulneración de principios constitucionales

El Tribunal Constitucional ha decidido estimar la cuestión promovida por el Juzgado declarando inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los razonamientos del Tribunal se basan en la posible vulneración del principio constitucional de capacidad económica y del principio constitucional de progresividad del sistema tributario. Ambos principios obligarían a modular la carga tributaria de cada contribuyente en la medida de dicha capacidad que se pone de manifiesto en el rendimiento obtenido por la transmisión de un terreno. En caso de no hacerlo se incurriría en confiscación.

En segundo lugar, el Tribunal valora una posible vulneración del principio constitucional de interdicción de la confiscatoriedad, haciendo referencia a recientes pronunciamientos. En concreto, señala que la prohibición confiscatoria obliga a no agotar la riqueza imponible.  Dicho de otra forma, el impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana podría tener alcance confiscatorio en aquellos supuestos en los que la cuota que se tiene que pagar por el Impuesto es superior al rendimiento que se obtiene y, además, puede resultar contrario a la Constitución el que la cuota tributaria no sea proporcional al incremento patrimonial real que grava.

Por todo ello, entiende el Tribunal juzgador que plantea la cuestión de inconstitucionalidad que las normas de disciplina del Impuesto de plusvalía pueden contravenir la doctrina constitucional sobre la capacidad económica y la prohibición del carácter confiscatorio y progresividad de los tributos.

De esta forma, el Tribunal Constitucional ha decidido estimar la cuestión promovida por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid, declarando inconstitucional el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004.

¿Qué supone la declaración de inconstitucionalidad?

Esta declaración de inconstitucionalidad supondrá que en los próximos meses muchos contribuyentes reclamen a los tribunales por los daños y prejuicios que les ha causado el precepto inconstitucional y soliciten la devolución de los ingresos indebidos por un impuesto abonado injustamente. Para poder solicitar la devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación tratada a partir de los preceptos inconstitucionales, habría que determinar los límites temporales dentro de los que se podrá presentarse la petición. Sobre el papel, solo los contribuyentes que estén dentro del plazo para recurrir o cuyas autoliquidaciones no hayan prescrito podrán instar la devolución de lo tributado.

 

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