Fuga de empresas en Cataluña y cambio de domicilio social

Según ha confirmado el Colegio de Registradores de España, con datos de los registros mercantiles catalanes, aproximadamente 531 compañías han abandonado Cataluña con destino a otras regiones de la península.

Concretamente, la migración masiva de empresas tuvo lugar el pasado día 9 con un total de 212 empresas, otras 177 inscribieron el cambio societario el día 10 y otras 135 lo hicieron el día 11.

En este sentido, muchas empresas afectadas por esta coyuntura comparten un mismo interrogante en torno a la misma circunstancia política y jurídica ¿la normativa vigente ampara a las empresas que por razones políticas deciden comunicar a sus empleados un traslado de centro y domicilio social?

Para responder a esta cuestión debemos trasladarnos al artículo 41 y 40 del Estatuto de los Trabajadores (ET). El primero regula las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo – jornada, horario, remuneración, funciones, etc. -), y el segundo, los traslados que requieren un cambio de domicilio del empleado, precepto que impone a la empresa que pretenda implementar dichas medidas la acreditación de causas de carácter “económicas, técnicas, organizativas o de producción”.

De entrada, las previsiones de ambos preceptos legales no ofrecen sustento legal alguno para una empresa que pretenda justificar el traslado de sus trabajadores desde una sede catalana a otra sede social ubicada en distinta CCAA alegando, única y exclusivamente, causas de carácter político o vinculadas a la repercusión que hipotéticamente pudiera generar el contexto de una posible secesión territorial.

Causas que pueden justificar un cambio de domicilio social

Para que un traslado de domicilio social encuentre respaldo legal, tendríamos que basar nuestra decisión empresarial en razones tasadas legalmente. Es decir, podríamos examinar si concurren causas productivas ("cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado") o causas económicas (“situación económica negativa, en casos como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”).

En base a estas previsiones, son varias las empresas que por el momento no han tomado ninguna decisión oficial al respecto, pero sí han dejado patente su voluntad de reservar la decisión definitiva a la espera del impacto que esta coyuntura política tenga en el sector o mercado en el que operan, pues si dicha situación irrumpiera negativamente en la contabilidad de estas compañías “situación económica negativa” (por ejemplo), encontrarían base legal suficiente para justificar un traslado de domicilio social a otra CCAA.

¿Qué dicen los tribunales?

En cuanto a la opinión de los tribunales en este ámbito, sobre el traslado colectivo o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectiva amparadas en un simple cambio de sede social, no existen apenas pronunciamientos en esta materia. No obstante, el pronunciamiento más aproximado que tenemos es el del TSJ Cataluña, de 28 de diciembre de 2011, que valora el cambio de sede social dentro de un paquete de medidas implementadas por una empresa a fin de minimizar una situación económica negativa y mantener activa la empresa. La sala considera que el cambio de sede social a otro lugar donde el alquiler es económicamente más soportable, es un aspecto que efectivamente contribuye a aliviar la tensión económica por la que atravesaba la empresa.

En este sentido, el argumento de cambio de sede social podría ser utilizado de manera complementaria para reforzar la causa principal que motive el traslado de domicilio, pero en modo alguno, podría emplearse como argumento nuclear para justificar un traslado por cambio de sede social, ya que siempre debería ir nutrido y acompañado de una causa principal que sustente la motivación del cambio de condiciones laborales.

Además, tendríamos que preguntarnos qué papel juega la representación legal de los trabajadores ante un posible traslado colectivo. Para responder a esta cuestión, tendríamos que valorar si la compañía entiende que existe causa legal para justificar el traslado o no, pues en caso de apreciar causa justificativa deberíamos abrir un proceso de negociación (período de consultas) con la representación de los trabajadores, aportar la documentación que justifique la decisión empresarial adoptada y negociar de buena fe con los interlocutores sociales, todo ello, a fin y efecto de minimizar las consecuencias que pudiera implicar para los trabajadores el cambio de sede social.

Ahora bien, adicionalmente y fuera de las formalidades del art. 40 del ET, la norma recoge que tendrán derecho de información conforme a lo previsto en el art. 64.4 ET, el comité de empresa, con la periodicidad que proceda, a “conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos”.

El TSJ continúa señalando que: “Tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la empresa que pudiera implicar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y los contratos de trabajo en la empresa” o cuando se trate de una “medida preventiva con riesgo para el empleo”, en estos casos, estaríamos ante un derecho de información y consulta previa a las formalidades contempladas anteriormente en el referido artículo 40 del ET.

Por contra, en caso de no apreciar causa justificativa que ampare el traslado, deberemos replantearnos la implantación definitiva de la medida colectiva, pues probablemente su aplicación unilateral por parte de la empresa conlleve riesgos legales tales como la falta de justificación de la medida con la consecuencia revocación de la misma o incluso la nulidad del procedimiento por defecto de forma ante la falta de audiencia a los representantes de los trabajadores establecida en el artículo 40.2 del ET.

Fuga empresas Cataluña

Para más información, puedes contactar con el área de derecho mercantil y de empresa de GD Legal.

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