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La modificación del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, aprobada por el Real Decreto Ley 3/2016, supone el certificado de defunción del régimen de aplazamientos tributarios tal y como lo veníamos conociendo.

Esta medida no es más que otra vuelta de tuerca a las limitaciones que ya se aprobaron en relación con los aplazamientos vinculados con las retenciones, hecho que supuso un cambio de tendencia con las medidas aprobadas hasta la fecha.

De esta forma, hasta que se acordó la limitación en el pago de las deudas tributarias derivadas de las retenciones, la política seguida por el legislador había sido la contraria, ya que se habían ido flexibilizando las condiciones para la concesión de aplazamientos sin garantías hasta los 30.000 euros. Sin embargo, la consolidación fiscal impuesta por la Unión Europea, ha dado un tirón de orejas al fisco español por los malos resultados en la recaudación tributaria, lo que se ha traducido en la adopción de esta medida comentada.

En concreto, a partir del pasado 1 de enero, tampoco resultarán admisibles los aplazamientos que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

  • Las deudas derivadas de la ejecución de resoluciones firmes, total o parcialmente, desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativo o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hubieran aplicado la suspensión.
  • Las derivadas de los tributos que deban ser legalmente repercutidos (IVA), "salvo que se justifique debidamente que las cuotas no han sido efectivamente pagadas".
  • Las derivadas de la obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades.

Como se ha indicado, la presentación de solicitudes de aplazamiento sobre estas deudas supondrá directamente la inadmisión de las mismas, lo que conlleva que si hubiera terminado el plazo voluntario de pago, entrasen en periodo ejecutivo, viéndose incrementados en los recargos correspondientes.

Asimismo, se ha eliminado la única opción que el legislador mantenía para solicitar el aplazamiento de las deudas tributarias derivadas de las obligaciones de retenedores, como era la posibilidad de la concesión de dichos aplazamientos cuando quedara acreditado que el obligado tributario carecía de bienes suficientes para garantizar la deuda y que la ejecución de su patrimonio podría afectar al desarrollo de la actividad económica.

Sin embargo, como contrapartida, se ha dejado abierto un resquicio al aplazamiento de las deudas tributarias derivadas de impuestos que deban ser repercutidos (IVA), cuando las mismas no hayan sido efectivamente pagadas. Pero habrá que esperar para ver cómo se instrumenta esta medida y cómo se coordina con las contenidas en el artículo 80 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en los supuestos de modificación de la base imponible en caso de impago. O si por el contrario, supone una extensión con carácter general de ciertos beneficios del denominado como régimen de caja.

Como se constata de la aprobación de esta medida, queda claro que el legislador ha adoptado la solución más drástica para atajar su problema recaudatorio, pasando a “prohibir” todo tipo de aplazamientos en pro de unos supuestos beneficios o mejoras en la recaudación tributaria. Y todo ello sin valorar la asfixia financiera a la que se pueden enfrentar los contribuyentes, a la postre sustentadores del sistema.

Sin embargo, tras el revuelo mediático que ha levantado la medida, la propia Agencia Tributaria ha emitido una Instrucción interna sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamiento de pagos, de la que se extraen las siguientes medidas, cuyo objetivo es hacer más llevadero este cambio radical, así:

  • Se permite a los autónomos solicitar aplazamientos de los pagos a cuenta del IRPF  y del IVA, siempre que se correspondan con cuotas repercutidas y no cobradas.
  • El resto de contribuyentes (personas jurídicas) podrán seguir aplazando sus deudas tributarias (aplazables) siempre que el montante total de las deudas tributarias pendientes no supere los 30.000 euros.

De este modo, la Agencia Tributaria ha mantenido abierta una pequeña rendija para que ciertos colectivos, como son los autónomos, puedan mantener su actividad. El tiempo dirá si ha sido una medida suficiente y ajustada.

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