Impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas

Impuesto sobre activos

El pasado 9 de mayo de 2017 se aprobaba la Ley 6/2017, que establece un nuevo gravamen para las entidades jurídicas. Sin embargo, este nuevo tributo ha generado muchas cuestiones aún no resueltas, algunas de las cuales van a tratarse a continuación.

En el Preámbulo de la Ley del Impuesto, se enumeran una serie de objetivos a alcanzar con la aprobación y puesta en marcha de esta norma. El principal de ellos sería la distribución de la riqueza, a través del sometimiento a gravamen de determinados activos no afectos a actividades económicas.

En ese sentido, se pretende conseguir incentivar un uso más productivo de dichos bienes, así como luchar contra las prácticas de evasión y elusión fiscal que suelen encontrarse en el trasfondo de este tipo de sociedades.

Otra de los aspectos indeterminados sería el sujeto obligado al pago del tributo, ya que se indica que serían las personas jurídicas y las entidades que, sin personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición.

De este concepto general, surgen infinidad de dudas como si serían únicamente las entidades con domicilio fiscal en Cataluña, o aquellas que mantengan alguno de los bienes gravados en territorio catalán con independencia de dónde estén domiciliadas, cuestiones no resueltas como se indicará posteriormente.

Por otra parte, se deben acotar los bienes cuya tenencia determina la sujeción al impuesto, como serían:

  • Bienes inmuebles
  • Vehículos a motor con una determinada potencia
  • Embarcaciones de ocio
  • Aeronaves
  • Objetos de arte y antigüedades
  • Joyas

De esta forma, el legislador ha realizado un numerus clausus de los elementos que serán considerados para determinar la deuda tributaria, estableciendo unas normas para que sean considerados como improductivos y, por ende, sujetos al tributo. Pero, por el contrario, en el momento de la conformación de la base imponible la norma es mucho más ambigua y, salvo casos concretos, con carácter general el valor a considerar es el valor de mercado.

Asimismo, ha quedado pendiente de desarrollo reglamentario la concreción de estas normas de valoración.

Punto de conexión

Como se ha anticipado anteriormente, este es uno de los puntos más controvertidos, si bien la normativa establece: “el impuesto sobre los activos no productivos es exigible en todo el territorio de Cataluña”, no se ha concretado nada más.

De esta forma, ante esta generalidad, dado que al tratarse de un tributo propio no puede exceder el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma, pero no se ha concretado cuál será la opción aplicable entre las siguientes:

  • obligación real, es decir sobre todos los bienes gravados siempre que estén ubicados en Cataluña, con los problemas que se desprenden para determinados bienes muebles.
  • obligación personal, que implicaría que todas las entidades que son considerados sujetos pasivos, con domicilio en Cataluña, tributasen por la totalidad de sus bienes con independencia de dónde se encontrasen.

En ambos casos se produce una extralimitación del legislador, ya que de una parte somete a tributación a sujetos pasivos que escapan a sus competencias (p.ej. entidades localizadas en el extranjero) y de otra, bienes que tampoco se localizan en su ámbito geográfico.

Devengo, declaración y gestión del impuesto

Asimismo, se debe señalar que la indeterminación de esta norma, la cual es obvia hasta para el propio legislador, ha quedado pendiente de desarrollo reglamentario. Pero se generan situaciones de gran incertidumbre jurídica sobre todo para el devengo del impuesto correspondiente al ejercicio 2017, que se producirá el próximo 30 de junio, sin que se sepa cuál será la valoración de los bienes, por ende, la base imponible y consecuentemente, la deuda tributaria.

Y del mismo modo, para llegar a agravar más la situación, tampoco se han aprobado los modelos de declaración ni el modo en el que se realizará la presentación y pago de los mismos.

Finalmente, como consecuencia de todas las circunstancias puestas de manifiesto son numerosas las voces que cuestionan la eficiencia del tributo, llegando a cuestionarse la constitucionalidad del mismo, por diversos motivos que van desde el rango de la norma que aprueba determinados elementos tributarios hasta el perjuicio que por doble imposición podría producirse para determinados contribuyentes dada su similitud con el Impuesto sobre el Patrimonio, pasando por la extralimitación de las competencias legislativas de los tributos propios y la colisión con otras figuras de la normativas.

Para más información, puede contactar con nuestros expertos en impuestos tributarios.

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