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asesoría jurídica mercantil y asesoría legal mercantil para impugnación de acuerdos en sociedades - servicio jurídico en derecho mercantil societario

A continuación, analizamos la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se rechaza la inscripción de acuerdos sociales. 

En el supuesto de hecho se elevó a público un acuerdo de disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada adoptado por unanimidad de los presentes, con asistencia del 54,32% del capital social. 

El registrador mercantil denegó la inscripción de dicha sociedad indicando que el quórum estatutario era insuficiente y que la junta se había celebrado en una ciudad distinta a aquella en la que tiene su domicilio social y, por tanto, el acuerdo era nulo.

Se presentó nuevamente la escritura modificada sosteniendo que la nulidad había quedado subsanada porque había transcurrido 1 año sin que se hubiera impugnado el acuerdo social y, en consecuencia, la acción de impugnación había caducado.

En este sentido, la jurisprudencia entiende que el registrador mercantil está obligado a analizar y calificar la validez de los acuerdos sociales respecto de la celebración de una junta general (requisitos de la convocatoria, cómputo del plazo de celebración, lugar de celebración, quórum de asistencia, representación de los asistentes, validez de los acuerdos y aprobación del acta, principalmente). El incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la convocatoria de la junta o para la válida adopción de los acuerdos en ella alcanzados implicaría la nulidad de los acuerdos, estando el registrador obligado a rechazar la inscripción solicitada.

No obstante, las novedades introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo, limitan los acuerdos susceptibles de impugnación indicando que, en todo caso, el vicio de nulidad ha de tener un carácter relevante, esencial o determinante. Por ello, no podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien, habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho.

Asimismo, la LSC establece un plazo de caducidad de 1 año para ejercitar la acción de impugnación de los acuerdos sociales, salvo que tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaran contrarios al orden público. En esos casos la acción no caducará ni prescribirá.

Por su parte, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo entiende que el plazo comienza a computarse desde el día en el que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias susceptibles de impugnación. Es decir, desde que asistió a la junta general, recibió el acta de la misma o, en última instancia, el acuerdo devino oponible por su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La apreciación de la existencia de caducidad para la impugnación de los actos societarios impugnables no es automática, puesto que depende de un juicio de valor tomando en cuenta todo un conjunto de factores que derivan de la situación de hecho, de la posición relativa del actor y de la valoración de la conducta de las partes. Este juicio de valor no puede realizarse por el registrador mercantil, sino que queda reservado a los tribunales.

La caducidad de la acción no convierte en válidos los acuerdos tachados de nulidad, sino que los hace inatacables en vía de impugnación. El acto nulo continúa siéndolo y ello impide su acceso al Registro Mercantil.

Ante la existencia de un acuerdo nulo, el administrador debe realizar cuantos actos sean precisos para que la junta general revoque o, en su caso, sustituya los acuerdos correspondientes para adecuarlos a la legalidad.

La determinación del día en el que debe comenzar a computar el plazo de caducidad de la acción de impugnación del acuerdo nulo, es una cuestión de hecho que ha de ser valorada por los tribunales atendiendo a la concurrencia de otras circunstancias como la lesión del interés social, la existencia de abuso de derecho, violación del orden público o la eventual legitimación de un tercero, cuestiones que no son competencia del registrador mercantil.

De este modo, son los tribunales los competentes para valorar si el plazo de caducidad de la acción de impugnación ha vencido. Por ello, ni la sociedad, en junta por acuerdo de los socios asistentes, ni su órgano de administración pueden subsanar unilateralmente la nulidad por declarar vencido el plazo de impugnación de los acuerdos nulos. Y el registrador mercantil tampoco puede valorar si el plazo de caducidad ha vencido o no y, en consecuencia, el acuerdo es inatacable.

Los abogados expertos en derecho mercantil societario de la asesoría jurídica GD Legal realizan servicios jurídicos de asesoramiento legal mercantil, por lo que pueden ayudarte a resolver todas tus dudas y a defender tus intereses en calidad de socio cuando tu situación concreta lo requiera.

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