Instrumentos preventivos de la insolvencia concursal

¿Cuántas empresas serán capaces de subsistir tras el batacazo de la crisis del COVID-19? Los datos reflejan un aumento alarmante del número concursos, más de 50.000, para 2021, lo que supone un incremento de este procedimiento del 246%. Y ello debe verse traducido también en la pérdida de miles de empleos.

Con el fin de mitigar este impacto económico y social, el Gobierno aprobó recientemente el Texto Refundido de la Ley Concursal que entrará en vigor en septiembre, introduciendo algunas medidas tendentes a permitir tanto la viabilidad de económica de las empresas como evitar el previsible aumento de litigios.

Soluciones preconcursales para evitar la quiebra

En España, el término concurso de acreedores se asocia generalmente con “ruina o fracaso”, y esto es así porque el 90% de los concursos acaba en liquidación. Lo cierto es que la cultura de la insolvencia no está tan asumida en España como en otros países, como así sucede en el mundo anglosajón que califica el concurso como un “fresh start”, o segunda oportunidad.

No obstante, ante el nuevo escenario, se pretende dar la vuelta a este concepto y ligarlo con el mantenimiento de la viabilidad económica.

En esta línea, las empresas viables o solventes, que estén atravesando una situación de pérdidas, deben potenciar las soluciones preconcursales para evitar la quiebra a través de los siguientes mecanismos previstos en la ley Concursal, como:

  • los contratos de refinanciación, que permite dulcificar las obligaciones del deudor;
  • los acuerdos extrajudiciales de pagos, que permite solucionar las deudas contraídas por una persona física o jurídica con sus acreedores sin tener que llegar a los tribunales;
  • la venta de la unidad productiva, que permite que muchos emprendedores e inversiones vuelvan a recuperar su interés para la adquisición de actividades en dificultades.

A o anterior debe añadirse que a legislación está activando muchas oportunidades en forma de préstamos, avales, subvenciones, seguros e incluso reaseguros.

En definitiva, estos mecanismos constituyen una oportunidad en un contexto de saturación de los juzgados para evitar liquidaciones masivas de empresas y ayudar a los deudores en dificultades a superar la crisis.

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