La justicia considera a los riders como falsos autónomos

El debate de los famosos repartidores, o más conocidos como riders, de diferentes aplicaciones informáticas de aglutinadores de restaurantes y comercios (Glovo y Deliveroo) está empezando a aclararse, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 27 de noviembre de 2019, publicada el día 2 de diciembre, contra la empresa Glovoo.

En este sentido, la Sala de lo Social del mencionado tribunal se ha reunido en Pleno con el fin de resolver el primero de los recursos de suplicación que les ha llegado en esta materia y unificar el criterio de cara a futuras resoluciones, considerando a los riders como falsos autónomos y, por tanto, como personal laboral a todos los efectos de su empleador.

Antecedentes

El debate sobre la naturaleza de las relaciones profesionales existentes entre estos repartidores “autónomos” y sus empleadores, empezó a surgir a finales del año 2017 a raíz de las labores investigadoras de la Inspección de Trabajo de Valencia, Madrid y Zaragoza entre otras. A estas, las siguieron diferentes procesos judiciales antes los Juzgados de lo Social, cuyo origen se encontraban en las mencionadas inspecciones, así como en demandas planteadas por estos trabajadores al considerar sus relaciones cómo laborales. 

En los Juzgados de lo Social se han ido cosechando resoluciones en sentido contrario ante hechos sustancialmente iguales, debido a la interpretación y adaptación de los argumentos jurídicos clásicos a la realidad económica actual de este tipo de negocios, que no han hecho otra cosa que aumentar el debate tanto a nivel jurídico como público.

La sentencia emitida ahora, resuelve el Recurso planteado ante la resolución del Juzgado de lo Social 17 de Madrid, el 11 de enero de 2019 a favor de Glovo, que concluía que el repartidor tenía suficiente autonomía y que por ende no era un trabajador por cuenta ajena.

Falsos autónomos: razonamientos de la sentencia

La resolución publicada basa su conclusión en diferentes hitos que desgranamos a continuación y que le llevan a resolver declarando a estos repartidores como falsos autónomos y, por tanto, como personal laboral a todos los efectos.

  • Se debe contextualizar los hechos probados de la sentencia y analizarlos en atención a la realidad social actual, exigiendo adaptar estándares clásicos del derecho a los avances tecnológicos que se producen y que se encuentran en la sociedad, entre los que se encuentran las plataformas digitales o virtuales, siendo éstas el principal activo empresarial.

 

  • El tribunal recuerda que la cosas en derecho son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, por lo que hechos tales como tener un contrato mercantil de prestación de servicios, estar afiliado en el RETA, o emitir facturas a las empresas, carecen de transcendencia a la hora de determinar la naturaleza de la relación que une a las partes.

 

  • Son claras las notas de ajeneidad y dependencia, pues el trabajo desarrollado por el rider redunda en beneficio de Glovo, quien hace suyos los frutos del mismo, pues es ésta quien acuerda con los establecimientos y comercios los precios y fija unilateralmente las tarifas que el repartidor gana por reparto. Asimismo, que las facturas fueran confeccionadas materialmente por la mercantil demandada, es revelador de la falta de medios materiales e infraestructura del repartidor.

 

  • En cuanto a la ajeneidad de los medios, indica el tribunal que es incuestionable. Señala que basta con observar la enorme importancia económica de la plataforma digital propiedad de la empresa y es la herramienta esencial para la prestación del servicio. Sin ella el repartidor no puede realizar su trabajo. Por el contrario, el repartidor únicamente aporta un teléfono móvil (para entrar en dicha aplicación) y una motocicleta o bicicleta. Es más, en las bolsas o cajas que el repartidor porta para transportar los productos, figuran el logotipo, nombre y colores de la demandada.

 

  • Asimismo, el tribunal entiende que también concurre la nota de la ajeneidad de los riesgos, pues el hecho de que si el trabajo no llega a materializarse el repartidor no cobra, no es más que una nota característica de la retribución por unidad de obra, propia de determinadas relaciones laborales ordinarias.

 

  • La nota de dependencia también se encuentra presente, pues el repartidor realiza sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. Esto es así puesto que la empresa decide, en cada momento, el precio de los servicios que ofrece a los clientes finales, dependiendo de la hora y el día de la semana que nos encontremos. El repartidor debe atenerse estrictamente a las instrucciones del empresario, se encuentra geolocalizado por éste y a su vez es evaluado, lo que impide hablar de auto-organización.

 

  • No existe libertad real para elegir horario o rechazar encargos, pues la empresa decide cuando se abre la aplicación en función de la demanda y el hecho de rechazar alguno de los servicios implica per se la imposibilidad de acceder a las mejores franjas horarias, lo que de por sí implica también la existencia de un régimen disciplinario propio de las relaciones laborales ordinarias, que puede conllevar inclusive hasta la finalización del contrato (despido).

 

  • Tampoco estamos ante un TRADE, al no cumplirse con los requisitos del art. 11 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tales como disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente.

 

En definitiva, resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Pleno, determinando que la relación contractual que mantuvieron las partes tan sólo puede calificarse como laboral tal y como ya habíamos anticipado desde GD Legal en febrero de este año y, por ende, la finalización del contrato que existió entre las partes implicaba un despido, teniendo derecho el trabajador a recibir una indemnización por despido improcedente propia del Estatuto de los Trabajadores.

 

A través de este enlace tienes acceso a la sentencia del TSJ Madrid Social

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