Ley de medidas procesales y organizativas: aspectos laborales

En el BOE del 19 de septiembre, y con entrada en vigor el 20, se publica la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que proviene del Real Decreto-Ley 16/2020 al que deroga, conteniendo medidas procesales en el orden jurisdiccional social de entre las que destacamos las siguientes.

El Capítulo I de la ley regula las medidas de carácter procesal para establecer la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso- administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de aquellos que se han visto afectados por las consecuencias de la misma.

Esta Ley convalida y mejora las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Además, en esta Ley de 18 de septiembre también se recogen importantes medidas en materia concursal que tendrán repercusión en 2021 y hasta en 2022. Puedes informarte más en este otro post: Aspectos concursales de la Ley de medidas procesales y organizativas.

Conflictos colectivos por la crisis derivada del coronavirus

Se establece que las demandas presentadas frente a las medidas de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ERTES por causas ETOP) derivadas del COVID 19 deberán tramitarse, cuando afecten a más de 5 trabajadores, a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo, siendo los sujetos legitimados para interponer dicha demanda tanto los sujetos establecidos en el artículo 154 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, como las comisiones representativas elegidas conforme a la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con estos ERTES.

¿Qué sujetos están incluidos en este artículo? Además de la comisión representativa, podrán presentar demanda de conflicto colectivo:

  • sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto;
  • determinadas asociaciones empresariales cuando su ámbito de actuación sea mayor al del conflicto;
  • empresarios y órganos de representación legal o sindical;
  • administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto, así como los órganos de representación laboral del personal laboral al servicio de las anteriores;
  • asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los sindicatos representativos de estos.

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Tramitación preferente de determinados procedimientos

En el orden jurisdiccional social, y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los procedimientos con carácter preferente (además de aquellos que ya tuvieran dicho carácter de acuerdo con las leyes procesales) serán los siguientes:

  • los procesos por despido o extinción de contrato;
  • los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el RDL 10/2020, de 29 de marzo;
  • las reclamaciones sobre condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral de las Administraciones públicas;
  • los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP reguladas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020;
  • los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del RDL 8/2020, de 17 de marzo;
  • los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del RDL 8/2020;
  • las denegaciones de prestaciones extraordinarias por cese de actividad previstas en el artículo 17 del RDL 8/2020;
  • las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa prevista por la disposición transitoria segunda del RDL 7/2018, de 27 de julio.

Además, los 5 últimos puntos enumerados (ERTE -salvo los impugnados de oficio-, Plan MECUIDA, trabajo a distancia o adecuación de jornada, denegación de prestación extraordinaria por cese de actividad y denegación de solicitud de reconocimiento de asistencia sanitaria) tendrán carácter de urgencia y preferencia sobre todos los demás procesos que se tramiten en el juzgado, excepto sobre aquellos que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

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