¿Qué novedades contempla la nueva Ley “antiblanqueo”?

El pasado 12 de junio se publicó el anteproyecto de ley que modifica la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o “Ley antiblanqueo”, cuyo objetivo fundamental es transponer la Directiva Europea 2018/843.

Pero no es ese su único propósito. La nueva normativa debe adaptarse y evolucionar a la par que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta, y para ello se proponen otras modificaciones o mejoras puntuales,

Organismos como el “Grupo de Acción Financiera Internancional” (GAFI), también aprueban estándares internacionales que recogen modificaciones y mejoras, que responden a esos mismos objetivos generales de mejora de los instrumentos y mecanismos de prevención.

Modificación y novedades de la “ley antiblanqueo”

  • Inclusión de nuevos sujetos obligados, tales como:

                 - Sociedades Anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIS).

                 - Sociedades gestoras de fondos de titulación.

                 - Proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

                 - Proveedores de servicios de cambio entre diferentes monedas virtuales.

  • Registro de titulares reales: Se parte de la creación de un Registro único, de acceso público, en el Ministerio de Justicia, que obtendrá información de manera directa, y que garantizará la interconexión con el resto de registros de la Unión Europea. Asimismo, centralizará la información de los titulares reales contenida en los registros y bases de datos notariales y en el Registro Mercantil.
  • Fichero de Titularidades Financieras: Se pretende adaptar el fichero automatizado, cuyo funcionamiento comenzó en el año 2016, a las nuevas exigencias de la presente Directiva.
  • Se incluyen, además, modificaciones relativas a las responsabilidades de los expertos externos, encargados de realizar los informes preceptivos sobre la adecuación de las medidas de prevención que aplican los sujetos obligados.
  • Modificaciones encaminadas a clarificar la interacción entre las más recientes normas de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con vistas a precisar las obligaciones en función del tipo concreto de datos a tratar. Podemos decir, en este sentido, que la nueva norma busca un equilibrio entre la normativa de protección de datos y la de prevención de blanqueo de capitales.
  • Asimismo, la Ley incorpora la posibilidad de establecer sistemas comunes de almacenamiento de información de diligencia debida, reflejando las ventajas de las nuevas tecnologías para la mejora del cumplimiento de las obligaciones legales de los sujetos obligados.

Plazos y entrada en vigor

La aprobación parlamentaria del texto normativo está prevista para el segundo semestre de 2020 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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