Nuevas medidas adoptadas en materia concursal

En pleno estado de alarma, pero iniciado ya el proceso de desescalada, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2020 en el que se incluyen, entre otras, importantes medidas en el ámbito concursal. Estas medidas, que se añaden a las ya adoptadas en el RD 11/2020, persiguen una triple finalidad:

  1. mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado;
  2. potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez;
  3. evitar el previsible aumento de litigios en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados

Al margen de estos objetivos, se establece uno más general: ganar tiempo para permitir a las empresas afectadas por esta crisis reestructurar su deuda, conseguir liquidez o, en definitiva, solventar en lo posible sus problemas económicos.

En este artículo explicaremos las distintas medidas que se han implementado para la consecución de estos objetivos.

Medidas para permitir a las empresas ganar tiempo

Como decíamos, el RD 16/2020 establece un objetivo general dirigido a mitigar los efectos que la aplicación del régimen general de declaración de concursos de acreedores tendría sobre las empresas en las actuales circunstancias y permitirles así ganar tiempo para encontrar una solución a las dificultades económicas que atraviesen. Para ello, el RD establece, temporal y excepcionalmente, un régimen especial de solicitud del concurso de acreedores con las siguientes previsiones:

  1. hasta el 31 de diciembre, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores incluso aunque hubiera presentado antes la comunicación del 5 bis (o preconcurso de acreedores);
  2. además, hasta la misma fecha no se admitirán a trámite solicitudes de concurso de acreedores necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma y se dará preferencia a las solicitudes de concurso voluntario con independencia de que se hayan presentado con posterioridad.
  3. por último, se añade en un apartado que parece chocar con lo previsto sobre la exención de la obligación de presentar el concurso de acreedores antes del 31 de diciembre que, si antes del 30 de septiembre un deudor presentare la comunicación del 5 bis, se estará al régimen general establecido por la ley.

Medidas para proteger la economía de las empresas

Estas medidas tienen como finalidad mantener la continuidad económica de las empresas que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Abarcan distintos ámbitos y se concretan en lo siguiente:

Modificación del convenio ya aprobado

También aplicable a los acuerdos extrajudiciales de pago). Durante un año desde la declaración del estado de alarma, se permitirá al deudor presentar una propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.

El RD establece excepciones a esta modificación, señalando que en ningún caso afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, salvo que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

Posibilidad de presentar solicitud de modificación del convenio cuando se solicite la declaración de incumplimiento

En caso de que se presenten solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio dentro de los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se dará traslado al concursado y no se admitirán a trámite hasta que transcurran tres meses desde que finalice ese plazo. De esta manera, el concursado dispondrá de tres meses para presentar una propuesta de modificación del convenio que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación

Se establece que, durante el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio y ésta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Además, prevé esta norma que, durante este plazo, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso de acreedores, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación (lo que sí ocurría antes);

Refuerzo de los acuerdos de refinanciación

Se aprueban medidas tendentes a reforzar los acuerdos de refinanciación que pudieran haberse aprobado por las empresas que ahora se encuentren afectadas por esta crisis. De este modo, durante el plazo de un año desde la declaración del estado de alarma y aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo.

De otro lado, y de manera similar a lo previsto para el incumplimiento del convenio, durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de todas las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación que se presenten por los acreedores, aunque no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de ese plazo de seis meses. Durante ese mes, el deudor podrá comunicar al juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones para modificar el acuerdo existente o alcanzar uno nuevo. No obstante, si en el plazo de tres meses no se alcanza un acuerdo nuevo o de modificación del anterior, se admitirán a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento.

Potenciar e incentivar la financiación de las empresas

El segundo conjunto de medidas se destina a potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender las necesidades de liquidez que pudieran tener. Este objetivo se obtiene mediante la modificación de la clasificación de algunos créditos, tanto en el caso de incumplimiento del convenio como en caso de declaración de concurso de acreedores:

  • créditos derivados de préstamos o negocios similares o de garantías prestadas por terceros: en caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos años posteriores a la declaración del estado de alarma, se considerarán créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza concedidos al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a su favor por cualquier persona, incluidas las personas especialmente relacionadas con él, siempre que constasen en el convenio o en su modificación;
  • financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor: En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, se considerarán créditos ordinarios:

·         Los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por personas especialmente relacionadas con él.

·         Aquellos en los que se hubieran subrogado las personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración del estado de alarma.

Medidas de agilización del proceso concursal

El tercer bloque de medidas engloba las encaminadas a reducir la litigiosidad en los procedimientos concursales e incluye la tramitación preferente de algunas actuaciones y la simplificación de determinados actos e incidentes.

Tramitación preferente de actuaciones

El RD prevé la tramitación preferente de determinadas actuaciones, hasta que transcurra un año desde la declaración del estado de alarma por entenderlas beneficiosas bien para la concursada, la masa activa, los acreedores o los trabajadores. Entre estas actuaciones se encuentran:

  • incidentes concursales en materia laboral,
  • actuaciones tendentes a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo,
  • propuestas de convenio o de modificación e incidentes de oposición a aprobación de convenio,
  • los incidentes de reintegración de la masa activa,
  • la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o su modificación,
  • la adopción de medidas cautelares

Simplificación de actos e incidentes

De otro lado, se ha optado por simplificar varios procedimientos, haciendo su tramitación más rápida y sencilla:

  • impugnación del inventario y de la lista de acreedores: en los concursos de acreedores en los que no se haya presentado el informe provisional de la administración concursal o en los que se declaren dentro de los dos años siguientes al estado de alarma, solo serán admisibles en estos incidentes las documentales y las periciales que deberán acompañarse a la demanda y solo se celebrará vista si el juez lo considera necesario. Además, la falta de contestación a la demanda se considerará allanamiento, salvo en el caso de los acreedores de derecho público;
  • enajenación de la masa activa: para los concursos de acreedores declarados dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y los que se encuentren en tramitación, las subastas de bienes y derechos de la masa activa deberán ser extrajudiciales, incluso aunque se prevea otra forma en el plan de liquidación. Se establecen excepciones para la venta de la empresa en su conjunto o de unidades productivas. En estos casos la subasta podrá ser judicial, extrajudicial o por cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley Concursal. Asimismo, se indica que en caso de que el juez hubiera autorizado la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de estos bienes, se estará a los términos de la autorización;
  • aprobación del plan de liquidación: Se prevén medidas para tramitar con celeridad las liquidaciones de empresas que ya se encontraran en esa fase. Así, dispone el RD 16/2020 que una vez finalice el estado de alarma, si ya hubieran transcurrido 15 días desde la puesta de manifiesto del plan en la oficina del juzgado, el juez deberá aprobar el plan de liquidación de inmediato. Si no hubieran transcurrido los 15 días, se prevé que se tramite con celeridad el trámite para realizar observaciones y alegaciones al plan de liquidación y se proceda a su posterior aprobación.
  • agilización del acuerdo extrajudicial de pagos: a los efectos de iniciar concurso consecutivo se prevé que durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, siempre que se acredite que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado.

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