Procedimiento de un conflicto colectivo de trabajo

Según la normativa jurisdiccional social, se tramitarán a través del proceso de conflicto colectivo aquellas demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores. Debe existir:

  • un grupo homogéneo, definido por caracteres objetivos que así lo configuran;
  • presencia de un interés general que resida en el propio grupo;
  • un conflicto actual de carácter jurídico;
  • una índole colectiva.

Características del conflicto colectivo de trabajo

Tomando como base conceptual estos puntos, el ámbito del conflicto colectivo laboral son las demandas que tengan un interés general y que además afecten a un número genérico de trabajadores. El reconocimiento del derecho interesado no debe ser para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino en conjunto, cualesquiera que sea el número de trabajadores particulares incluidos en el conjunto.

Estos son algunos supuestos que podrían seguir la modalidad de conflicto colectivo de trabajo:

  • situaciones relacionadas con el salario;
  • supuestos relacionados con la clasificación profesional;
  • cuestiones relativas al tiempo de trabajo;
  • o supuestos relacionados con la modificación de condiciones.

Debido a la crisis provocado por el Covid-19, se ha establecido por norma que las demandas presentadas frente a las medidas de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ERTES por causas ETOP) derivadas del COVID 19 deberán tramitarse, cuando afecten a más de 5 trabajadores, a través de esta modalidad procesal de conflicto colectivo. Puedes leer más sobre esto aquí: Conflictos colectivos por la crisis derivada del coronavirus.

Procedimiento de un conflicto colectivo

¿Quién puede iniciar un conflicto colectivo? Los sujetos legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos de trabajo son:

  • los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto;
  • las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa;
  • los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior;
  • las Administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los órganos de representación del personal laboral al servicio de las anteriores;
  • las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los sindicatos representativos de estos siempre que reúnan una serie de requisitos.

La iniciación de este procedimiento puede desarrollarse a través de dos vías:

  1. ante los tribunales laborales por los representantes de trabajadores y empresarios debidamente legitimados;
  2. a través de la autoridad laboral que se dirige de oficio a la jurisdicción social, a instancia de los representantes de las partes implicadas

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Uno de los requisitos necesarios para la tramitación del proceso es el intento de conciliación o de mediación previa, entendiéndolo como un sistema de solución de conflictos de trabajo en virtud del cual las partes contrastan sus respectivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo ante una tercera persona, que ni propone ni decide.

El proceso se inicia mediante demanda dirigida al Juzgado o Tribunal competente por los sujetos legitimados enumerados anteriormente. La demanda debe contener, además de las exigencias generales, una serie de designaciones y pretensiones concretas. Resumidas serían las siguientes:

  • la designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto;
  • la designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas;
  • una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada;
  • las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto.

Otra de las grandes características de este proceso es su carácter urgente y preferente: la preferencia es absoluta sobre otros asuntos, salvo aquellos relacionados con la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. El acto del juicio se celebra en única convocatoria, dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia se dicta dentro de los 3 días siguientes.

Contra las resoluciones que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.

No obstante, las sentencias dictadas en este tipo de procedimientos son siempre recurribles. Los recursos que proceden son:

  • recurso de suplicación ante el TSJ, cuando la sentencia proceda de un Juzgado de lo Social;
  • recurso de casación para la unificación de doctrina frente a las sentencias que resuelven el recurso de suplicación;
  • recurso de casación ordinaria ante la Sala de lo Social del TS cuando dichas sentencias hayan sido dictadas en única instancia por los TSJ o por la Audiencia Nacional.

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