Protección a empleados y acreedores ante traslado a otro país

La Directiva 2019/2121 fomenta el crecimiento económico, la competencia y la productividad de aquellas sociedades que desarrollen sus actividades en el mercado interior. Hasta ahora, solo estaban reguladas las escisiones de sociedades anónimas en el ámbito nacional, por lo que ha surgido la necesidad de crear normas que regulen las transformaciones y escisiones transfonterizas, tanto parciales como totales, que supongan la formación de nuevas sociedades.

Control de la legalidad de las operaciones de traslado

Esta nueva medida exige una mayor vigilancia de la seguridad jurídica para garantizar la protección eficaz de los trabajadores, por lo que la Directiva establece un control de la legalidad por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

El control jurídico se llevará a cabo a través de diferentes actuaciones que comprenden procedimientos exhaustivos:

  • las sociedades interesadas deberán elaborar y publicar un proyecto de la operación que deseen llevar a cabo. En el mismo, debe quedar reflejada información relativa a la forma jurídica prevista para la nueva sociedad, los estatutos, el calendario propuesto para la operación y detalles de las garantías ofrecidas a socios y acreedores;
  • en ámbito interno, aquellas sociedades que lleven a cabo estas operaciones deberán elaborar un informe destinado a socios y trabajadores en el que se indique y justifique los motivos por los cuales se va a producir la operación. En el informe, además de señalar las consecuencias para el desarrollo futuro de la empresa, se deberán indicar los derechos que tienen los socios de separarse de la sociedad;
  • la autoridad competente debe analizar el cumplimiento de todas las condiciones necesarias y la cumplimentación de los procedimientos y trámites que se deban llevar a cabo. Tras un estudio exhaustivo, la autoridad deberá decidir si expide o no un certificado, siempre y cuando no existan sospechas de que la operación transfronteriza se ha llevado a cabo con fines fraudulentos. Entre otras situaciones, encontramos que se podrá prohibir a la empresa el traslado a otro país en caso de estar sometidas a concursos o procedimientos de insolvencia.

Repercusión del traslado en acreedores, empleados y socios

En caso de superar el correspondiente control jurídico, la empresa podrá proceder al traslado internacional. En el plazo de 2 años desde el momento del traslado, la empresa seguirá manteniendo su foro general en el Estado de origen, por lo que tanto sus acreedores, empleados y socios podrán litigar y pleitear en la jurisdicción en la que se encontraban antes del desplazamiento (esto no impide que lo puedan llevar a cabo en el nuevo país).

Ante un traslado internacional, los Estados miembro tendrán que asegurar que los acreedores presentes antes de la publicación del traslado reciban una protección adecuada a la magnitud de la operación. En este sentido, los acreedores tendrán la posibilidad de acceder a un procedimiento de reclamación en el Estado de origen durante un plazo de dos años desde la fecha en la que la operación tornó eficaz.

En cuanto a la protección para el empleado en un procedimiento de traslado, escisión o fusión, estos mantendrán sus derechos y la nueva empresa deberá subrogarse a todos los contratos laborales. En este sentido, cabe la posibilidad, y de hecho es recomendable, de que en los informes no aparezca reflejada la posibilidad de extinguir contratos o de modificar relaciones laborales. A su vez, aquella empresa que lleve a cabo el traslado internacional, deberá facilitar a los representantes de los trabajadores los derechos derivados de la Directiva. En caso de que no se cuente con representantes, la empresa deberá informar a todos los trabajadores de los recursos necesarios de los que disponen para ejercer sus derechos.

Fomento de herramientas digitales

Por último, la Directiva introduce procedimientos en los que será posible manejar herramientas digitales: existirá la posibilidad de cumplir determinados trámites vía online, como, por ejemplo, la expedición del certificado previo a la operación transfonteriza. A su vez, toda la información necesaria se podrá intercambiar a través de registros mercantiles interconectados entre sí de manera digital.

La Directiva deberá transponerse al ordenamiento jurídico español antes del 31 de enero de 2023

Para más información, contacta con nuestros abogados sin compromiso.

dudas

¿Tienes alguna duda?

Si tienes alguna alguna duda acerca de "Protección a empleados y acreedores ante traslado a otro país " ponte en contacto con nosotros.

Nuestros abogados podrán ayudarte

Contacta ahora
Anterior
Siguiente