¿Qué acreedores cobran primero en el concurso de acreedores?

La crisis económica en la que nos encontramos va a multiplicar las solicitudes de concurso de acreedores. Esta situación genera inquietud, tanto en los posibles acreedores del concursado, como en éste, sobre cuál es el orden de pago de los créditos, es decir, qué acreedores van a cobrar primero y cuáles serán los últimos ver satisfechos sus créditos.

Todas estas cuestiones se regulan con detalle en la Ley Concursal (ahora, Texto Refundido de la Ley Concursal que, aunque no entra en vigor hasta septiembre, regula de igual manera esta cuestión).

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Ampliación: en los siguientes enlaces resolvemos y explicamos cuestiones sobre el concurso de acreedores durante la crisis del COVID-19:

¿Puedo hacer un ERTE y un concurso de acreedores?

Régimen especial de declaración de concurso de acreedores

1. Créditos concursales y créditos contra la masa

La primera distinción que hay que realizar es aquella que divide los créditos del deudor en créditos concursales y créditos contra la masa. Todos los créditos que hayan nacido con anterioridad a la declaración de concurso tienen la consideración de créditos concursales. Estos créditos se clasifican por la administración concursal en créditos ordinarios, privilegiados (especiales o generales) y subordinados. Los créditos que se generen tras la declaración de concurso tienen la consideración de créditos contra la masa.

La Ley dispone que los créditos contra la masa son los primeros que han de pagarse (aunque sean los últimos que se generen). Se trata de una categoría de créditos extensa (el artículo que los contempla incluye 15 apartados, y además la ley atribuye esa consideración a otros créditos a lo largo de su articulado).

Entre los créditos contra la masa encontramos, por ejemplo, los créditos por salarios correspondientes a los últimos 30 días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso (en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional), los gastos y las costas judiciales necesarios para la solicitud de concurso, la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento o los honorarios de la administración concursal. También se incluyen los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del concursado tras la declaración de concurso o los créditos de alimentos.

Los créditos contra la masa se pagan a sus respectivos vencimientos, salvo los créditos por salarios que se pagan de manera inmediata. La ley prevé la posibilidad de que la administración concursal altere la regla de pago al vencimiento, en interés del concurso, siempre que la masa activa del concurso sea suficiente para el pago de todos los créditos contra la masa.

En cuanto a los créditos concursales, es decir, los que han nacido con anterioridad a la declaración de concurso, hemos señalado que se clasifican en créditos ordinarios, créditos privilegiados especiales y generales y créditos subordinados. Esta clasificación es fundamental puesto que determina el orden de cobro (y, por tanto, las posibilidades de cobrar).

2. Créditos ordinarios

Los créditos ordinarios son aquellos que no tengan la consideración de créditos privilegiados o subordinados. Estos créditos se pagan a prorrata entre todos los acreedores ordinarios una vez satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados. Se trata, normalmente, de la categoría más amplia de créditos.

3. Créditos privilegiados especiales

Los créditos privilegiados especiales son aquellos que están garantizados de alguna de las formas previstas en la Ley como pueden ser los créditos garantizados con hipoteca legal o voluntaria, con prenda con o sin desplazamiento, con anticresis, los créditos refaccionarios, los créditos por contratos de arrendamiento financiero o compraventa con precio aplazado o los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta. El pago de estos créditos se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva. Es decir, las garantías pueden ejecutarse y de lo obtenido en dicha ejecución se abonará el crédito y, en el caso de los créditos con garantía real, los intereses remuneratorios pactados hasta el límite de la garantía.

4. Créditos privilegiados generales

Los créditos privilegiados generales son aquellos créditos que, a pesar de no estar garantizados con garantías reales o similares, la ley les atribuye, por su importancia, un privilegio sobre los demás créditos. En esta categoría encontramos, por ejemplo, créditos por salarios (aunque con limitaciones), los créditos por indemnizaciones por la extinción de los contratos o accidentes laborales, créditos tributarios, de seguridad social y demás de derecho público o los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación no rescindibles en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.

Estos créditos se pagan tras los créditos contra la masa y con cargo a los bienes no afectos al privilegio especial. Para el pago se sigue el orden establecido en la ley, y en su caso a prorrata dentro de cada número.

5. Los créditos subordinados

Por último, nos encontramos con los créditos subordinados. Se trata de aquellos créditos que por distintas razones (comunicación tardía, la especial relación del acreedor con el deudor, su naturaleza sancionadora, etc.) son penalizados. Son los últimos en cobrar y, en la práctica, rara vez se satisfacen.

Entre los créditos subordinados podemos encontrar: los créditos comunicados extemporáneamente, los de recargos e intereses, los créditos de las personas consideradas por la Ley especialmente relacionadas con el deudor (i.e. socios, administradores de hecho y de derecho, créditos de sociedades que formen parte del mismo grupo que la concursada, o en caso de personas físicas, el cónyuge o pareja de hecho del deudor, los ascendientes y descendientes y hermanos del concursado y los cónyuges de estos, o las personas jurídicas controladas por el deudor, entre otros).

En definitiva, la Ley regula de manera muy detallada la clasificación de los diferentes créditos y su orden de pago. Una vez declarado el concurso, el deudor no puede pagar ningún crédito sin la autorización de la administración concursal por lo que no debe preocuparse por realizar algún pago que no sea procedente. Además, es la propia administración la que se encarga de clasificar los créditos en su informe, clasificación que, junto con la cuantía del crédito, puede discutirse mediante la interposición de un incidente concursal.

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