¿Qué es el preconcurso de acreedores?

Si nuestra empresa atraviesa dificultades financieras, puede que hayamos oído hablar del preconcurso de acreedores como alternativa al concurso, más corta y menos costosa y radical, pero qué es, cómo funciona y para qué sirve exactamente el concurso de acreedores?

Preconcurso de acreedores y artículo 5 bis

El nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, introduce algunas novedades en esta figura transformando lo que antes se regulaba en un solo artículo (el 5 bis) en 13 artículos que conforman un capítulo independiente en la nueva Ley (Capítulo I del Título I del Libro Segundo, arts. 583 y ss.). En este artículo desvelamos todo lo que hay que saber de esta figura y sus efectos.

¿Qué es preconcurso de acreedores?

El preconcurso de acreedores, término que no existe como tal en la Ley, no es otra cosa que la situación en la que se encuentra el deudor insolvente una vez que ha comunicado al juzgado competente para la declaración del concurso la apertura de negociaciones con sus acreedores, bien para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, bien para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o bien para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Se trata, por tanto, de un plazo extra para intentar solventar sus dificultades económicas que concede la Ley al deudor que, encontrándose en situación de insolvencia, actual o inminente, debería solicitar el concurso.

¿Cuánto dura el preconcurso de acreedores?

Este tiempo extra es de 4 meses, o más concretamente, de 3 meses más 1 (3+1). Así, la Ley concede un plazo de tres meses a contar desde la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores (o dos meses si fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario) para alcanzar el acuerdo. Dentro de ese plazo deberá comunicarse al juzgado el acuerdo alcanzado o, de lo contrario, el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente si se encontrara en situación de insolvencia actual.

A este plazo hay que añadir uno previo de 2 meses, que es el plazo del que dispone el deudor para comunicar la apertura de las negociaciones desde que tiene conocimiento de su situación de insolvencia. Por ello, en puridad, el preconcurso puede retrasar 6 meses la obligación de presentación de una solicitud de concurso.

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¿Cuáles son los efectos del preconcurso de acreedores?

Encontrarse en situación de preconcurso tiene efectos en distintos ámbitos. Señalamos los principales:

1. Sobre los créditos

Se prohíbe el vencimiento anticipado de los créditos a plazo por la sola comunicación de apertura de negociaciones. Esta es una importante novedad del Texto Refundido, pues en la anterior Ley esta previsión solo se establecía respecto de la declaración de concurso, pero no de manera clara para el preconcurso, dejando una laguna legal y obligando a realizar interpretaciones analógicas que con esta previsión se ha solucionado.

2. Sobre los procedimientos de ejecución

La situación de preconcurso suspende la posibilidad de iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales contra el patrimonio del deudor hasta que transcurran 3 meses desde la fecha de presentación de la comunicación, pero la Ley distingue en función de si esas negociaciones son:

  • para para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos: se prohíbe el inicio de ejecuciones contra el patrimonio del deudor de manera general, o;
  • una propuesta anticipada de convenio o acuerdo de refinanciación: en tal caso, se limita esa prohibición a aquellas ejecuciones en las que se solicite el embargo de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

En cuanto a las ejecuciones que se encuentren en tramitación y que se refieren a los bienes señalados para cada caso, se suspenderán por el juez que las esté tramitando.

Además, la ley hace una mención especial a las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales de pasivos financieros, estableciendo la prohibición de inicio o, en su caso, la suspensión de las ya iniciadas, para los casos en los que el 51% de los acreedores de esos pasivos hayan apoyado expresamente la apertura de las negociaciones, con el compromiso expreso de no iniciar o continuar ejecuciones individuales contra el deudor mientras duren las negociaciones.

En lo que respecta a las ejecuciones sobre garantías reales, se permite el inicio de ejecuciones sobre los bienes sobre los que recaigan dichas garantías. Aunque si la garantía afecta a bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor (también se incluye la vivienda habitual para los casos de negociaciones para lograr un acuerdo extrajudicial de pagos), esas ejecuciones se suspenderán durante los tres meses que sigan a la presentación de la comunicación.

Por último, en línea con la protección extraordinaria de los créditos públicos que establece la Ley a lo largo de todo su articulado, se aclara que estas limitaciones a las ejecuciones no aplican en el caso de procedimientos de ejecución dirigidos a hacer efectivos créditos públicos.

3. Efectos sobre las solicitudes de concurso

El último de los efectos del preconcurso afecta a las solicitudes de concurso necesario presentadas por otros acreedores. La ley dispone que aquellas que se presenten con posterioridad a la presentación de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, no se admitirán a trámite durante los tres meses siguientes a la presentación de la comunicación (dos meses para los deudores persona natural que no sean empresarios).  En el caso de aquellas presentadas con anterioridad, se continuará con su tramitación.

Concurso de acreedores voluntario

Transcurrido ese plazo, las solicitudes presentadas, solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes hábil sin que el deudor hubiera solicitado la declaración de concurso. En caso de que el deudor solicite la declaración dentro de ese mes, esta se tramitará en primer lugar, considerando el concurso como voluntario, lo cual supone un trato menos estricto para el deudor.

Ventajas y desventajas del preconcurso de acreedores

Dejando a un lado las ventajas evidentes como la suspensión de las ejecuciones o la prohibición de vencimiento anticipado de los créditos a plazo, entre las ventajas del preconcurso, podemos citar en primer lugar el plazo extra para lograr un acuerdo y evitar entrar en un proceso de concurso que resulta en ocasiones largo y farragoso, además de tener un mayor coste. Incluso en el caso de que se acabara en concurso, ese tiempo extra podría utilizarse para agilizar el procedimiento, pues se puede acordar una propuesta anticipada de convenio de manera mucho más rápida que en un concurso.

Otra de las ventajas es que, durante el preconcurso, la empresa continuará con su actividad sin necesidad de estar fiscalizada e intervenida por un administrador concursal. Además, otra de las ventajas es la privacidad de esta comunicación, que no tiene por qué hacerse pública (más allá de los acreedores) si el deudor así lo solicita, preservando así la imagen de la compañía.

Entre los inconvenientes, destacar que, en ocasiones, cuando los acreedores tienen conocimiento de esta situación deciden iniciar las reclamaciones y ejecuciones de sus créditos (imaginemos el caso ejecuciones de bienes no necesario para la continuidad de la actividad), lo cual puede empeorar la situación económica de la compañía.

De otro lado, existe una limitación temporal a la presentación de comunicaciones de apertura de negociaciones, de manera que el deudor que haya presentado una, no podrá presentar otra hasta transcurrido un año.

Dicho todo lo anterior, debemos reseñar que el COVID y la regulación para hacer frente a la pandemia han modificado ligeramente las normas del preconcurso. Así, Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas excepcionales para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, establece que, hasta el 31 de diciembre de 2020, los deudores en situación de insolvencia no tienen la obligación de solicitar el concurso de acreedores y que para aquellos que hayan comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores, aunque se estará al régimen general establecido por la ley, se establece que el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta que transcurran seis meses desde la comunicación.

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