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Recientemente el Tribunal Supremo publicaba una sentencia donde se consideraba que la retribución de los consejeros ejecutivos quedaba sujeta al régimen general en esta materia para los administradores y, en consecuencia, a las reglas de previsión estatutaria, así como a la competencia de la junta para la fijación del importe máximo de la remuneración, además de la necesaria suscripción del correspondiente contrato con el consejo en el que se incluyan todos los conceptos de retribución y su aprobación por mayoría cualificada.

Si bien una sola sentencia no genera jurisprudencia, esta cuestión ha suscitado una gran polémica e incertidumbre cada vez que, hasta su publicación, la gran mayoría de las empresas procedieron a regularizar la situación de sus ejecutivos pasando por la aprobación del consejo sus circunstancias retributivas sin necesidad de obtener la aprobación de la junta.

¿Y ahora qué?

De aplicarse de forma estricta los criterios del Tribunal Supremo para estos casos en los que no existe previsión estatutaria ni aprobación de junta, ¿son las retribuciones satisfechas nulas y deben ser restituidas? ¿cómo se justifica la retribución recibida de estos puestos? ¿podrá la sociedad deducir en su base imponible los gastos incurridos por remunerar dichos cargos?

Según el Tribunal Supremo, el administrador «en su condición de tal» incluye y abarca igualmente al consejero ejecutivo. De este modo, en principio, quedaría únicamente fuera de este concepto el administrador que no ejercita su cargo o el que desempeña otras funciones extrañas al mismo «cualquiera que sea su causa».

Así pues, según la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, quedarían fuera de las anteriores reglas la retribución de funciones extrañas que recibiera el consejero por la prestación de servicios u obras que quedan fuera del cometido de la administración, como podría ser el caso de un consejero abogado que presta asesoramiento jurídico a la sociedad.

Quizás en organizaciones simples (en las que existe un número bajo de socios y pueda existir una mayor homogeneidad en sus intereses) pueda ser recomendable modificar el sistema de administración pasando a fórmulas más sencillas: administrador único, dos administradores mancomunadas o varios administradores solidarios teniendo en cuenta la anterior interpretación del Tribunal Supremo en materia de retribución de consejeros.

Si con motivo de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo te surgen dudas sobre la situación concreta de tu Sociedad, puedes contactar con los abogados del área mercantil de GD Legal