Se declara abusiva la cláusula de comisión por descubierto

¿Cómo estaba configurada la comisión?

Su devengo se producía una vez realizada la oportuna gestión personalizada con el cliente solicitando su regularización, pero no especificaba qué actuación se llevaría a cabo. Por estas gestiones indeterminadas fijaba una comisión de 30€, sin mayor adición o límite.

Una asociación ejercitó una acción colectiva de cesación y, tanto en primera instancia como en apelación, su demanda fue estimada íntegramente.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre de 2019 recuerda que para que las entidades bancarias cobren comisiones por descubierto a sus clientes deben reunirse los siguientes requisitos:

  • El devengo de la comisión debe estar vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor;
  • La comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo;
  • Su cuantía debe ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales;
  • No se debe aplicar de manera automática.

En este caso, el Tribunal Supremo consideró que la comisión es nula por abusiva. Tal y como estaba prevista, la cláusula podía reiterarse, se devengaba automáticamente, no discriminaba períodos de mora y no identificaba qué gestiones se llevarían a cabo. No es lo mismo, afirma el Tribunal, el coste del requerimiento notarial que el de una simple llamada telefónica.

¿Qué consecuencias tiene la declaración de abusividad?

La declaración de abusividad conlleva la obligación de retirarlas de las condiciones generales de contratación de la entidad bancaria con sus clientes. Además, el Tribunal recuerda la doctrina del TJUE, que exige que los servicios efectivamente proporcionados por el banco se deben entender razonablemente del contrato en su conjunto (sentencia de 3 de octubre de 2019. Asunto C-621/17, Gyula Kiss).

En definitiva, esta comisión, tal como estaba prevista, suponía adherir a los intereses de demora otra cantidad a modo de «sanción» por el mismo concepto, y generaba una «inversión de la carga de la prueba». Se trasladaba al consumidor la obligación de probar que no se había llevado a cabo una gestión, que no había tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias.

Será necesario replantear estas cláusulas de forma más clara y concreta, y esperar a las consecuencias reales de esta decisión judicial sobre los contratos de los clientes de este banco. Sin duda un nuevo elemento para tener en cuenta en la relación entre consumidores y entidades bancarias en una práctica tan usual como el cobro de comisiones por reclamación de posiciones deudores.

 

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